La incoherencia del PP en el caso Sitel

"En este país, no hay ninguna interceptación teléfonica que no esté autorizada por los jueces". La frase la pronunció el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en 2009, tras conocerse que la Policía y la Guardia Civil utilizaban el software de interceptación telefónica Sitel sin el control legislativo exigido por los altos tribunales de España y la Unión Europea, que han pedido reiteradamente una actualización normativa.
El PP, entonces en la oposición, solicitó al Gobierno socialista que liderara esa renovación legislativa. Sin embargo, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se negó a secundar la iniciativa de su rival político, que incluso llevó al Congreso una proposición de ley rechazada por la mayoría de los grupos de izquierdas.
Los populares hicieron bandera de este tema y acusaron reiteradamente a los socialistas de querer esconder el funcionamiento del software. "No existe ningún control sobre este sistema", dijo el entonces portavoz del PP, Esteban González Pons, principal impulsor de la citada proposición parlamentaria.

Cuando están a punto de cumplirse dos años desde que Mariano Rajoy llegó al poder, sin embargo, la iniciativa legislativa continúa guardada en un cajón de los despachos de Génova 13. No ha sido ni mucho menos una prioridad para el actual Gobierno lo que tres años antes parecía una urgencia de Estado.
Ni siquiera el actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó, portavoz de Interior en el Congreso cuando el PP estaba en la oposición, quiere saber nada del tema. Esta mañana, durante la celebración de los 500.000 seguidores de la cuenta de la Policía en Twitter, Cosidó ha respondido a la pregunta de si en España podría estar pasando algo similar a lo que ocurre en EEUU con las escuchas telefónicas de un modo que me ha sonado familiar.
"Cualquier interceptación telefónica se hace con autorización judicial", ha afirmado el máximo responsable de una corporación que continúa limitando el derecho de los ciudadanos al secreto de las comunicaciones sin el control legislativo requerido por los tribunales.
El PP vuelve a demostrar que no es lo mismo decir cosas en la oposición que hacerlo cuando uno se encuentra en los despachos de Moncloa o del Ministerio del Interior.