Una prueba del descontrol con que opera la máquina que pincha teléfonos en España

El ministro del Interior conversa Jorge Fernández Díaz
conversa con el secretario general de Instituciones
Penitenciarias, Ángel Yuste. Foto: Chema Barroso.

Mi último post versó sobre Sitel. Tras publicarlo, recibí algunos inputs. Pocos se creen, por lo que parece, que el sistema de interceptación de las telecomunicaciones que utiliza el Ministerio del Interior esté descontrolado, como de hecho denunciaban los actuales inquilinos de la Moncloa cuando estaban en la oposición.
Pues sí, lo está. Y tengo una prueba evidente de ello que espero que clarifique las cosas. Quizá sepan –o quizá no– que en el año 2006 la Unidad de Asuntos Internos de la Policía pinchó los teléfonos de los jefes de la investigación del caso Malaya. Solicitó una orden al juez argumentando que éstos tenían vinculaciones con determinados delincuentes.

Esa investigación no llegó a nada, pero permitió que los de Asuntos Internos tuvieran intervenidas las conversaciones de los investigadores de la Malaya mientras éstos desarrollaban las primeras pesquisas que posteriormente acabaron con Gil, Muñoz y el resto de la tropa municipal. Interesante sin duda es tener vigilado al vigilante.
Pero antes de detallar cómo el titular del Juzgado número 11 de Málaga autorizó aquellos pinchazos durante las diligencias previas 5940/2005 –cosa que también tiene interés–, voy a detenerme en un aspecto muy llamativo, que es además lo que argumentará gráficamente porqué Sitel está descontrolado.
Se trata de una de esas conversaciones intervenidas por Asuntos Internos. En concreto, la que mantuvo el comisario que dirigía las pesquisas de la Malaya, Valentín Bahut, con alguien que no ha podido ser identificado más que con su nombre de pila. El 7 de julio de 2006 a las 12.53 horas, Bahut telefonea a un tal Sergio. El comisario le pide que le "mire" un teléfono y que le indique "si es de contrato o de tarjeta" y que "dónde se encuentra". Un cuarto de hora después, Sergio le devuelve la llamada a Bahut. "Es de tarjeta y está en Valencia", responde el desconocido.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determina que este tipo de datos adjuntos a la conversación, como el posicionamiento físico u otros, también son considerados personales, al mismo nivel que el contenido sonoro, por lo que tanto la pregunta de Bahut como la respuesta de su interlocutor deberían haber pasado por el correspondiente filtro judicial. ¿Está o no descontrolado el proceso? Juzguen ustedes.
¿Quién era Sergio? No lo sé. Pero solo caben dos posibilidades. Bien que se trate de un funcionario que trabajaba en Sitel, bien que sea un empleado de una compañía telefónica. Sea cual sea la solución de la disyuntiva, lo cierto es que no existía entonces ni existe ahora control sobre ninguno de los dos elementos de la cadena: la máquina del Ministerio y las operadoras.
Para más inri, como bien han recordado expertos como el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Santander Manuel Lozano, la abogada especialista en protección de datos Ofelia Tejerina, el fiscal de Madrid Pedro Martínez, el decano de los jueces de capital de España José Luis González Armengol o el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, entre otros muchos, se requiere una ley orgánica para regular el derecho de las comunicaciones y España no cuenta con ese rango normativo cuando hablamos de Sitel.
Lo propuso el Partido Popular, a través de Esteban González Pons, cuando los de Génova aún estaban en la oposición. Pero el desplazamiento del otrora portavoz de la formación o la incoherencia de los sucesores de Zapatero (no tengo elementos de juicio) provocaron que la ley orgánica se guardara bajo llave en un cajón de la sede de los de Mariano Rajoy que al parecer aún no se ha vuelto a abrir.
Los citados expertos también se quejaron de que ni jueces ni fiscales fueron informados en ningún momento de las posibilidades que ofrecía el sistema. Algunos miembros del Consejo del Poder Judicial admitieron en 2009 que hasta ese momento no se había llevado a cabo ningún curso, seminario o similar relativo al funcionamiento de Sitel. Una prueba de esta falta de formación de los que tienen que dirigir los procesos judiciales la encontramos precisamente en la segunda parte de la historia paralela a la Malaya con la que hemos comenzado este relato.
Los de Asuntos Internos, recordamos, solicitaron al Juzgado número 11 de Malaga interceptar las comunicaciones de los investigadores de la trama marbellí. El instructor de las citadas diligencias previas 5940/2005, tras aceptar la petición, ordenó a los policías de anticorrupción entregar semanalmente en sede judicial "los soportes magnéticos originales donde se graben los conversaciones". Jajajaja, permítanme la carcajada. "Los soportes magnéticos", indicaba el pobre juez en referencia a las trasnochadas cintas de casette. No tenía ni idea el magistrado de que las conversaciones ya se grababan a través del revolucionario Sitel, un sistema electrónico que solo podía verse en el ordenador de la Policía y en todo caso ser transportado en un cd, un pen u otro formato similar. ¿Y cómo iba a saberlo el togado si nadie le había contado nada?
Pero hay otras preguntas más importantes. ¿De qué modo va a controlar un juez un proceso si desconoce cómo funciona uno de sus elementos clave? ¿Tenía acaso algún conocimiento el instructor sobre lo que estaba ordenando cuando permitió la interceptación? No, porque nadie le había informado. Y, por supuesto, nadie le había formado.
La contestación de Asuntos Internos al requerimiento del juez no fue menos llamativa. Los agentes argumentaron que no tenían más remedio que desobedecer al magistrado "por razones técnicas". Explicaron que las conversaciones están almacenadas en Sitel y "centralizadas en Madrid". Esta excusa dejaba, por lo tanto, el proceso judicial en manos de los propios agentes, que tenían la sartén por el mango al asumir el control de las interceptaciones.
El citado magistrado del Supremo Manuel Marchena, apoyado por su colega José Manuel Maza, emitieron en febrero de 2010 un voto particular adjunto a una sentencia en el que resaltaban la necesidad de modernizar la legislación y ponían en evidencia el desbarajuste al que estaba sometido el sistema, cuyos archivos (manejados sin firma electrónica ni certificado digital) podían ser cortados, pegados y adulterados con la facilidad que permite cualquier fichero informático que tengamos en nuestro ordenador. Y no olvidemos que, según la tradición jurídica anglosajona, "el voto particular de hoy suele ser con relativa frecuencia la opinión dominante de mañana".