lunes, 23 de septiembre de 2013

Cinco indicios contra los policías acusados en el Faisán y siete argumentos jurídicos a su favor


Enrique Pamies y José María Ballesteros. Foto: Pool.
De que aquel 4 de mayo de 2006 se produjo un chivatazo a ETA no hay duda. La baliza (micrófono oculto) instalada en el vehículo de Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán, grabó a este último contándole a su yerno que minutos antes había recibido un soplo de un desconocido.

Respecto a la identidad de quien realmente hizo la delación, sin embargo, existen contradicciones. No se puede desarrollar, por lo tanto, una narración cronológica de los hechos sin fisuras ni dudas.

Al margen de la coartada esgrimida por Pamies (quien asegura que envió a Ballesteros a la zona del Faisán para ver si había mucha presencia policial que impidiese al comisario ir a verse con su confidente, que acudió al juicio a confirmar esa tesis), durante el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional se han puesto sobre la mesa una serie de argumentos jurídicos tanto a favor como en contra de condenar a los dos acusados, el inspector José María Ballesteros y el comisario Enrique Pamies.


Las cinco pruebas contra Pamies y Ballesteros:

-       Ballesteros está en el Faisán. El acusado de entregar el teléfono móvil a través del cual se dio el chivatazo a Joseba Elosúa está en la zona de Behovia en el periodo acotado por el equipo investigador en el que se produjo el soplo. Además, la cámara de vigilancia instalada por el grupo de Germán para grabar el local en el marco de la frustrada operación Urogallo graba a Ballesteros salir del bar momentos después de que terminara la llamada que los investigadores entiende como la del chivatazo. Según el fiscal, Carlos Bautista, este es el "elemento objetivo" que demuestra la delación.

-       La llamada sospechosa existe. Entre las 11.23 horas y las 11.30 hay una llamada de Ballesteros a Pamies que el equipo investigador identifica con la conversación del soplo. La duración coincide con la descrita con Elosúa. 

-       Móvil político. La frustrada operación Urogallo se disponía a detener ese 4 de mayo de 2006, entre otros, al entonces dirigente del PNV y hoy fallecido Gorka Aguirre. Ese arresto iba a coincidir por lo tanto con la visita del presidente de ese partido a La Moncloa para ofrecer su apoyo al proceso de paz abierto por el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que estaba por aquel entonces negociando con ETA. Asimismo, durante la grabación de la conversación entre Elosúa y su yerno en la que el primero le cuenta lo que había pasado, sale a relucir que el chivato le dijo que no quería que el proceso se rompiera. Por último, uno de los representantes del Gobierno en la negociación con ETA, Gómez Benítez, argumentó durante sus conversaciones con los terroristas que el chivatazo había sido un gesto de buena voluntad. Resulta lógico pensar, por lo tanto, que el soplo se llevó a cabo por motivos políticos, como asegura el equipo investigador y que sea, por lo tanto, un alto mando que acababa de intercambiar llamadas con el entonces director de la Policía, Víctor García Hidalgo, quien ejecutara la delación.

-       Conversación con un periodista. Pamies tuvo una conversación un Jesús María Zuloaga, del diario La Razón, en la que hablaban del chivatazo y en la que el primero le dice al segundo que eso del soplo debe haberse hecho por la negociación.

-       La Guardia Civil corrobora la investigación de Germán. La Guardia Civil, que entra a investigar al final de la instrucción, asegura que la investigación del equipo dirigido por Carlos Germán está bien hecha y arroja las mismas conclusiones que la Policía.


Los siete puntos oscuros de la investigación del caso Faisán:

-       Poner a investigar a un sospechoso. El juez Fernando Grande Marlaska puso desde el primer momento al frente de la investigación a Carlos Germán, uno de los responsables de la frustrada operación Urogallo. El propio Germán nombró en sus informes a 15 personas que conocían los datos de la operación que se iba a llevar a cabo y que por lo tanto debían ser investigados como posibles delatores. Entre ellas, estaba el propio Germán, por lo que él mismo admitía que debía ser investigado, cosa que nunca ha ocurrido. Durante el juicio, Germán explicó que Marlaska le puso a investigar porque "aunque no sabía quién había cometido el chivatazo, sí sabía quién no había sido", en referencia a él mismo. El juez no ha declarado durante el juicio.

-       Misteriosos cortes en la cinta. La Guardia Civil acusa a los investigadores de cortar intencionadamente la cinta que grabó las imágenes del Faisán. Indica que esos cortes están hechos a propósito bien pulsando el pause en el momento de la grabación bien dándole hacia delante al magnetofón. La cinta se vuelve a negro en dos momentos, uno de ellos situado entre las 11 y las 12 horas, periodo en el cual el propio equipo investigador indica que se cometió el chivatazo. Los hombres de Germán argumentan que es normal que se produzcan estos cortes y que están en otras cintas también. Asimismo, la cinta que obra en poder del tribunal podría no ser la original. El equipo investigador no ha sabido decir dónde está la copia y dónde la original.

-       Acusación grave contra el investigador por parte de alguien que no está acusado. El comisario José Cabanillas, jefe del responsable de la investigación –Carlos Germán–, acusó a este último de querer destruir la baliza, única prueba que demuestra que hubo un chivatazo. Durante la instrucción, Cabanillas también hizo esta acusación, aunque entonces el juez Pablo Ruz le amenazó con deducirle testimonio si seguía por esa vía.

-       El único testigo no reconoce a los acusados. Joseba Elosúa, único testigo principal y única persona que vio durante varios minutos al hombre que entrega el teléfono, niega que fuera el acusado –José María Ballesteros– quien se lo diera y describe a otro individuo. Durante el juicio se ratificó en ese testimonio. “Dije la verdad, joder”, insistió.

-       Le Vert también acusa al equipo investigador. El equipo conjunto de Francia no se activó aquel 4 de mayo de 2006. La juez antiterrorista gala Laurence Le Vert acusó a Germán de no entregarle el informe marco, motivo por el cual aseguró que no puso en marcha el operativo en zona gala. Este error de Germán pone de nuevo el foco sobre el equipo investigador, que pudo actuar con falta de diligencia.

-       Llamadas no investigadas. Las llamadas de menos de cuatro minutos nunca han sido investigadas por el equipo de Germán, que se basó en una pericia hecha por su propio grupo para descartar las conversaciones de menor duración. Otra pericia, elaborada a petición de la defensa por expertos lingüistas, estima que la llamada no pudo prolongarse en ningún caso más allá de los tres minutos. Tampoco fueron analizadas las llamadas recogidas por los operadores telefónicos franceses. La zona de Behovia es un área fronteriza en la que dan cobertura tanto los repetidores españoles como los galos. Si quien entregó el teléfono no conocía la zona, como argumenta el equipo de Germán, en cualquier momento pudo cambiar de operador.

-       Los tiempos no terminan de encajar. Elosúa sale del bar antes de que lo haga el acusado (Ballesteros). Se dirige a la perfumería de su hija, que prácticamente linda con el bar Faisán, y le cuenta a su yerno lo que había pasado. Luego vuelve al bar, porque su yerno le pidió tiempo para "organizar" el negocio. Pocos minutos después, ambos parten para Francia. La llamada que el equipo investigador entiende que es la del chivatazo se produce después de esta visita. De ahí que la defensa argumente que no puede haber sido Ballesteros quien entrega el teléfono, ya que antes de que el acusado entre en escena ya se había producido el soplo.

Más información: Quién es quién en el caso Faisán.


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